Lo que comenzó como un accidente de tránsito, ha destapado una serie de irregularidades que podrían apuntar a un esquema de corrupción dentro del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
El pasado martes 25 de febrero, Fernando Chávez Méndez, actual secretario del Ayuntamiento, protagonizó un choque en el bulevar Río Santiago y Sierra Leona, presuntamente bajo los efectos del alcohol.
Pese a que testigos aseguraron que el funcionario se encontraba en estado de ebriedad, el alcalde Enrique Galindo intentó minimizar el asunto declarando lo contrario.
Pero lo que parecía un incidente más en la larga lista de excesos de los servidores públicos, pronto reveló un trasfondo mucho más turbio.
El vehículo que Chávez Méndez conducía es una pick-up JAC Frison GML, con placas TL 4869H.
Inicialmente, la unidad estaba registrada a nombre de Zapata Mobility S.A. de C.V.
Sin embargo, el año pasado, esta misma unidad tuvo dos bajas de placas y actualmente aparece con la matrícula TF 5831G.
¿Quién es su nuevo propietario?
¿Por qué es importante este detalle?
Porque esta unidad forma parte de una flotilla de vehículos arrendados a la empresa Casanova Vallejo, una firma con un historial de contratos inflados, que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue una de las proveedoras favoritas del gobierno.
Bajo el contrato DAAS/163/2022, del cual se tiene copia, el Ayuntamiento rentó 42 vehículos por un total de 27.6 millones de pesos en un acuerdo de 24 meses (del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024).
Sin embargo, lo alarmante es que los sobrecostos de estos vehículos alcanzaron hasta el 57% por encima de su valor real, lo que representa un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos.
¿Pago encubierto por sobreprecios?
Si el contrato de arrendamiento finalizó en septiembre del 2024, ¿por qué Fernando Chávez seguía manejando una de estas unidades, meses después?
La situación se torna aún más sospechosa cuando se descubre que, en diciembre, la camioneta cambió de propietario dos veces.
Este tipo de movimientos irregulares levantan serias dudas:
¿se están utilizando estos vehículos como pago encubierto por los millonarios sobrecostos otorgados a Casanova Vallejo?
𝗘𝗟 𝗘𝗦𝗖𝗔́𝗡𝗗𝗔𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘𝗣𝗥𝗘𝗖𝗜𝗢𝗦.
La administración de Enrique Galindo optó por arrendar estos vehículos en lugar de comprarlos a precio de flotilla directamente con los distribuidores.
Como resultado, unidades que en el mercado tienen un valor de 330 mil pesos fueron rentadas con sobreprecio, llegando a pagarse hasta 577 mil pesos por cada una.
Para dimensionar el desfalco, la camioneta JAC Frison T-8 4×2 que manejaba Chávez Méndez, tuvo un costo mensual de arrendamiento de 32,964 pesos, lo que en dos años suma 791,136 pesos por unidad.
Actualmente, el mismo modelo (nuevo) tiene un precio de 459 mil pesos.
Es decir, el Ayuntamiento terminó pagando casi el doble del valor real de cada camioneta.
Este caso no solo pone en la mira el manejo de los recursos públicos en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, sino que abre la puerta a una serie de interrogantes que las autoridades deben responder.
¿Quiénes se beneficiaron con este esquema?
¿Por qué el alcalde minimiza los hechos?
¿Cuántos vehículos más “desaparecieron” bajo este sistema de arrendamiento opaco?
Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando los costos de un sistema que, lejos de trabajar en su beneficio, parece estar diseñado para enriquecer a unos cuantos.