Un ciudadano de San Luis Potosí ha recurrido a la justicia federal para interponer un amparo después de que el diputado federal por MORENA, Gabino Morales, lo bloqueara de su cuenta de Facebook.
La acción del legislador ha sido calificada como un acto de censura e intolerancia, dado que dicha cuenta se utiliza para difundir actividades legislativas y mensajes relacionados con su labor pública.
El ciudadano afectado argumenta que este bloqueo vulnera sus derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información.
No es la primera vez que este tipo de casos llega a tribunales. Desde 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido un criterio claro: los servidores públicos no pueden bloquear a usuarios en redes sociales cuando las cuentas se emplean para compartir información vinculada a su función pública. El criterio, registrado como 2020024, señala que impedir el acceso sin justificación a estos contenidos atenta contra derechos constitucionales.
Las redes sociales se han consolidado como canales oficiales de comunicación entre autoridades y ciudadanos, funcionando como foros públicos donde se informa, se rinde cuentas y se promueve el debate. Por ello, cuando un representante popular utiliza estas plataformas con fines públicos, pierde el derecho a decidir arbitrariamente quién puede acceder a sus publicaciones.
La SCJN enfatiza que la máxima publicidad debe prevalecer y que la ciudadanía tiene derecho a estar informada, participar y cuestionar. En este sentido, el amparo promovido no sólo es un reclamo individual, sino una defensa del derecho colectivo a la información pública y al libre intercambio de ideas.
Bloquear a un ciudadano por disentir o criticar representa un abuso de poder y un retroceso democrático. Las redes sociales, cuando se usan con fines públicos, deben entenderse como extensiones del ejercicio gubernamental, abiertas y accesibles para todos.