El Congreso del Estado atraviesa una de sus etapas más oscuras. Desde hace más de tres meses mantiene en la sombra su información financiera y salarial, incumpliendo de manera flagrante la Ley de Transparencia que obliga a publicar puntualmente los egresos y la nómina de su personal en la Plataforma Estatal de Transparencia.
La falta de rendición de cuentas no es un accidente, denuncian voces críticas, sino un patrón de conducta que lleva el sello del operador político Héctor Serrano, quien ya había sido señalado por su manejo opaco cuando presidió el Partido del Trabajo en San Luis Potosí. Hoy, con control directo en el Poder Legislativo, la fórmula se repite: se entierra la transparencia y se silencia cualquier intento de escrutinio.
La ley es clara. El artículo 84, fracción IV, establece la publicación mensual de cada peso gastado por el Congreso. En la fracción XI, obliga a difundir con detalle las remuneraciones brutas y netas de todo el personal, incluyendo sueldos, bonos, gratificaciones y estímulos. Nada de eso aparece desde hace meses en los portales oficiales.
Lo más grave es el silencio cómplice de diputadas y diputados de todos los partidos políticos, quienes no han levantado la voz para exigir el cumplimiento de la norma. Ninguna fracción parlamentaria ha planteado siquiera un exhorto público. El Legislativo, que debería ser contrapeso y ejemplo de legalidad, se muestra dócil, sumiso y desconectado de la ciudadanía.
En la práctica, el Congreso potosino ha dejado de ser un espacio de representación democrática para convertirse en una institución opaca y complaciente con los intereses de su operador político. Y como dicta la máxima en estos casos: cuando se esconde información, es porque hay algo que ocultar.
Con esta omisión, el Congreso del Estado no solo desacata la Ley de Transparencia: incurre en responsabilidades administrativas y posibles delitos de corrupción, al ocultar el destino del dinero público y los privilegios de su personal. El ocultamiento deliberado de información es, en sí mismo, un acto que erosiona la democracia.