A pesar de los compromisos públicos de combatir la impunidad, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) no ha llevado ante la justicia a exdiputados locales de la LXI Legislatura señalados por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
En su momento, el titular del organismo, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, aseguró que se reactivarían investigaciones y que “no habría intocables”. Sin embargo, hasta la fecha no se han concretado acciones legales en contra de los exlegisladores que enfrentan observaciones aún no solventadas.
Durante aquella legislatura se detectó una red de presunta corrupción en la que, mediante el uso de empresas fantasma, documentos falsos e incluso firmas de personas ya fallecidas, se desviaron millones de pesos destinados originalmente a programas de apoyo social.
De acuerdo con registros oficiales, varios de los exdiputados con mayores señalamientos actualmente forman parte del Partido Verde Ecologista de México, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible encubrimiento político.
El caso, que en su momento causó amplia polémica, permanece sin resolverse, lo que ha despertado críticas desde diversos sectores sociales ante la falta de sanciones y el riesgo de que prevalezca la impunidad en uno de los episodios de presunta corrupción más sonados del Congreso local en los últimos años.