El Congreso del Estado recibió una denuncia de juicio político en contra de los regidores capitalinos Jorge Alberto Zavala López y Jesús Becerra Rodríguez, señalados por acoso laboral, corrupción y mal uso de recursos públicos. La querella fue presentada por Martha Erika Tapia Gone, quien pidió su destitución e inhabilitación.
Tapia Gone aseguró que tanto ella como su hija fueron víctimas de represalias. Denunció que la joven fue incorporada de manera irregular en nóminas municipales sin recibir salario alguno, situación que calificó como un fraude. Indicó además que Zavala justificaba los pagos indebidos bajo el argumento de que eran “premios otorgados por el alcalde”.
El acoso, según relató, inició desde la etapa en que Zavala fungía como dirigente del PRD, involucrando a su hermana Liliana Zavala Armandina y al actual director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Jesús Becerra. Aseguró que las presiones se intensificaron al negarse a participar en presuntos malos manejos relacionados con mercados municipales.
La denunciante cuestionó también la imparcialidad de la Contraloría Interna Municipal, al señalar que la titular tiene vínculos familiares con Estela Arriaga Márquez, presidenta del DIF Municipal y esposa del alcalde Enrique Galindo. Afirmó que esta relación genera un conflicto de interés y ha derivado en omisiones en el proceso.
El abogado de Tapia, Guillermo Olvera Nieto, subrayó que los hechos narrados están contemplados como faltas graves en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que corresponde al Congreso dar seguimiento y resolver si procede la destitución e inhabilitación de los funcionarios señalados.
La afectada lanzó también un mensaje directo al presidente municipal, a quien exigió no mantener en la administración a funcionarios acusados de corrupción ni sostener “aviadores” con dinero público. “San Luis Potosí merece responsabilidad, no podemos ser omisos ante actos de corrupción y acoso”, afirmó Tapia Gone, al reiterar que su denuncia no responde a un asunto personal, sino a una exigencia de justicia.
Este caso se inscribe en un escenario de cuestionamientos públicos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés en el Ayuntamiento capitalino, que han marcado la gestión pasada y continúan generando señalamientos en el inicio de la administración 2024-2027.