Tras la visita de Claudia Sheinbaum Pardo a San Luis Potosí, autoridades indígenas náhuatl y tének de la Huasteca Potosina lanzaron un enérgico pronunciamiento para exigir que el gobierno federal respete el compromiso de prohibir el fracking y cancelar las rondas petroleras, como se prometió durante la campaña presidencial.
Los representantes comunitarios advirtieron que no permitirán exploración ni extracción de hidrocarburos en ninguna de sus formas, y acusaron que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla actividades que ponen en riesgo sus territorios, sin haber realizado una consulta previa, libre e informada como lo marcan los tratados internacionales y la Constitución.
“Esta técnica devastadora amenaza con la destrucción de todas las formas de vida en nuestros territorios. No otorgaremos consentimiento a ninguna acción de exploración o explotación de hidrocarburos”, señalaron en un comunicado firmado por autoridades nahuas y tének.
Los pueblos indígenas recordaron que, en 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se permitiría el fracking en México, postura que la hoy presidenta Sheinbaum reiteró en campaña en 2023, durante un acto en Matehuala, San Luis Potosí.
Sin embargo, acusaron que el plan presentado el 5 de agosto pasado por la administración federal plantea aprovechar yacimientos no convencionales, lo que en la práctica implicaría la aplicación del fracking.
Según el pronunciamiento, Pemex contempla iniciar exploraciones en los polígonos denominados Maguey y Castañas, que abarcan una amplia franja de la Huasteca Potosina, además de municipios de Veracruz e Hidalgo. Entre los más afectados se encuentran Tancanhuitz, Tanlajás, Tamazunchale, Xilitla, Ébano y Ciudad Valles, así como localidades veracruzanas y de la Huasteca Hidalguense.
Las autoridades comunitarias recalcaron que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ya habían enfrentado intentos de imponer proyectos energéticos en la región, logrando que más de la mitad de los ayuntamientos se declararan “libres de fracking” y negaran cambios de uso de suelo.
El pronunciamiento concluye con un llamado a los tres niveles de gobierno para respetar y garantizar los derechos humanos, indígenas y ambientales.
“Nuestra lucha es por la defensa del agua, de la vida y del futuro de nuestras comunidades”, subraya el documento.