A tres meses de que concluya el año fiscal, autoridades comunitarias de Xilitla denunciaron que el gobierno municipal, encabezado por Óscar Márquez Plascencia, mantiene en la opacidad el destino de más de 346 millones de pesos recibidos en 2025, de los cuales 169 millones corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Ramo 33.
Representantes de 11 comunidades señalaron que, durante los últimos cuatro años, la administración municipal ha repetido el mismo patrón: mantener en secreto la orientación del gasto mientras en las comunidades no se realizan obras.
Las solicitudes de infraestructura básica, como sistemas de almacenamiento de agua y pavimentación de calles, han sido ignoradas por el presidente municipal y por el director de Codesol, Juan David Almaraz, quienes, aseguran, se han negado a atender las prioridades determinadas en asambleas comunitarias.
El pasado 17 de septiembre, las autoridades comunitarias acudieron nuevamente a la presidencia municipal, pero encontraron ausentes a los responsables. Denunciaron que esta omisión podría ocultar un problema más grave: el desvío de recursos públicos para fines personales o políticos.
“Lo que por derecho nos corresponde no se está aplicando en obras, seguramente se está desviando para beneficio personal”, afirmaron los representantes.
Las comunidades indígenas acusaron que, pese a la reforma constitucional que las reconoce como sujetos de derecho público, el ayuntamiento actúa con discriminación y prácticas de clientelismo político, entregando dádivas a cambio de apoyo, mientras concentra el presupuesto para fines propios.
Advirtieron que esta conducta ha profundizado la marginación y vulnera sus derechos colectivos.
Ante la falta de respuesta municipal, las autoridades solicitaron a la Secretaría del Bienestar intervenir y realizar una supervisión directa en campo sobre el uso de los recursos del FAIS.
Aseguraron que sólo así se podrá deslindar responsabilidades y garantizar que el fondo se aplique en obras sociales que atiendan las verdaderas necesidades de las comunidades.
La exigencia fue respaldada por autoridades de Pilateno, Tierra Blanca, Petatillo, Coronel José Castillo, El Cristiano, Miramar, La Victoria, San Rafael, El Sabino y Amayo de Zaragoza.