DestacadoREDACCION

ALCALDES DE TAMASOPO, XILITLA Y CIUDAD DEL MAÍZ “SE SIRVEN CON LA CUCHARA GRANDE”

Una investigación realizada por la organización Ciudadanos Observando reveló que al menos diez presidentes municipales en San Luis Potosí perciben sueldos brutos mensuales superiores al del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien de acuerdo al tabulador oficial recibe $91,500 pesos.

El análisis comparativo incluyó los sueldos de alcaldes, síndicos y regidores de los 59 ayuntamientos del estado, con base en datos obtenidos a través de solicitudes de información, la Plataforma Estatal de Transparencia y los Presupuestos de Egresos 2025.

El estudio advirtió que 28 municipios (47.4%) mantienen opacidad, ya sea porque no publican la información como marca la Ley Estatal de Transparencia o porque sus cifras no coinciden con los tabuladores oficiales aprobados.

Los cinco presidentes municipales con las percepciones brutas más altas son:

  1. Mauricio Andrade (Tamasopo): $140,287.00
  2. Óscar Márquez (Xilitla): $128,907.00
  3. Rosa Angélica Martínez (Ciudad del Maíz): $114,260.00
  4. Erick Giovanni Espino (Villa de Ramos): $108,333.00
  5. Gumaro Verdín (Guadalcázar): $140,287.00

El caso más llamativo es el de Ángel Nava Loredo, alcalde de Cerro de San Pedro, quien percibe $64,042.00, lo que equivale a un promedio de $12.68 por habitante, ya que el municipio apenas cuenta con 5,050 habitantes.

En cuanto a síndicos, los de San Luis Potosí capital reciben los ingresos más altos con $68,724.00, mientras que los regidores de Villa de Reyes encabezan la lista estatal con percepciones de $66,038.00.

Ciudadanos Observando concluyó que existen casos de desproporción e incongruencia en la manera en que los municipios establecen sus tabuladores de sueldos, particularmente en localidades con poca población, pero con alcaldes que reciben sueldos elevados.

“Es urgente un replanteamiento global en la forma en que se fijan estos salarios año con año”, señaló la organización, al considerar necesario que se establezcan bases más claras y justas para evitar abusos y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.