El pasado 22 de mayo, constructores, desarrolladores, verificadores, valuadores, agentes de seguros y derechohabientes del Infonavit en San Luis Potosí, entregaron al director general del INFONAVIT una carpeta con denuncias y pruebas que documentan años de irregularidades cometidas en la Gerencia Técnica local, cuya titular es la arquitecta Wendy Castillo Mendoza.
Octavio Romero Oropeza, director del INFONAVIT a nivel nacional recibió las quejas donde se sustenta que bajo la gestión de Wendy Castillo Mendoza en San Luis Potosí se han bloqueado créditos, especialmente para pequeños constructores, y programas como “Crediterreno para mi hogar” (Línea III), generando obstáculos injustificados que impiden a los derechohabientes ejercer su derecho al crédito.
Los afectados aseguran que las decisiones no se toman con base en los lineamientos del INFONAVIT, sino a discreción del personal del área técnica, lo que ha resultado en un daño directo para quienes buscan acceder a una vivienda.
Las denuncias piden revisar el funcionamiento de la Gerencia Técnica y solicitan la destitución de Wendy Castillo Mendoza, argumentando que durante años sus acciones han perjudicado a cientos de derechohabientes.
Durante la entrega de estas pruebas en visita a la delegación en San Luis Potosí, Octavio Romero Oropeza escuchó las inquietudes de los afectados y se mostró receptivo, incluso invitándolos a sumar al programa de viviendas del Bienestar.
Sin embargo, los denunciantes le hicieron ver que, si es casi imposible colocar una sola vivienda por los bloqueos de la Gerencia Técnica, menos se podrán sumar al programa.
También estuvo presente el director de Vivienda del Infonavit, Orlando Camarillo Ruiz, quien al finalizar la reunión se comprometió a revisar el expediente entregado y dar seguimiento a las denuncias.
Los afectados esperan que las autoridades actúen y revisen a fondo las operaciones de la Gerencia Técnica en San Luis Potosí para que los créditos del Infonavit lleguen realmente a quienes los necesitan y no sigan dependiendo de decisiones arbitrarias. Mientras tanto, el descontento crece entre los pequeños constructores y derechohabientes que ven truncados sus proyectos por los bloqueos sistemáticos de esta oficina.