La coordinadora regional de la Secretaría de Bienestar, Gloria Yajaira Martínez Gerónimo, confirmó que la comunidad indígena de Piaxtla (Tancanhuitz) será excluida de la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), bajo el argumento de que la comunidad promovió un amparo.
Esta decisión, considerada arbitraria por autoridades tradicionales de Piaxtla, contraviene la suspensión definitiva otorgada por el Tribunal Federal bajo el juicio de amparo 269/2025, la cual impide al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y a la Secretaría de Bienestar retener recursos asignados para obras de infraestructura básica en la comunidad.
“El amparo es un derecho constitucional, no una falta”, señalaron representantes de la comunidad, quienes acusaron a la Secretaría de Bienestar de violentar sus derechos humanos e indígenas al excluirlos del acto programado para este martes en la cabecera municipal del vecino municipio de Tanlajás.
Las autoridades comunales anunciaron que acudirán al evento para exigir la entrega de la tarjeta que, aseguran, les corresponde legalmente.
Lo incongruente, apuntan, es que otras comunidades amparadas sí han sido convocadas para recibir sus tarjetas, lo que fortalece la percepción de un trato discriminatorio y represalias políticas hacia Piaxtla.
En el contexto de estas entregas, organizaciones indígenas han cuestionado que los eventos del FAISPIAM están siendo aprovechados políticamente para promover a figuras federales, especialmente de la Secretaría de Gobernación, lo que contraviene los lineamientos del fondo, que prohíben expresamente su uso con fines proselitistas.
Finalmente, en el evento realizado en Ciudad Valles, destacó la ausencia del titular del INPI en la región, Mario Alberto Godoy Ramos, quien enfrenta señalamientos por presunta usurpación de funciones, ya que el cargo que ocupa está reservado para una persona indígena según la normativa vigente. Su prolongada inasistencia a oficinas y actividades oficiales refuerza el cuestionamiento sobre su legitimidad y desempeño.
La comunidad de Piaxtla advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales adicionales y no descartó movilizaciones masivas para mañana en demanda del respeto a sus derechos y al fallo judicial que los ampara.