La entrega de 10 mil despensas por parte del exdiputado y excandidato a la gubernatura, José Luis Romero Calzada, alias Tecmol, ha generado polémica en Ciudad Valles ante posibles violaciones a la legislación electoral y el uso indebido de recursos públicos.
A través de videos difundidos en redes sociales, Romero Calzada anunció la distribución de apoyos alimentarios presuntamente enviados por la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), los cuales —según afirmó— fueron gestionados por él mismo “gracias al apoyo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona”.
El también exaspirante a la presidencia municipal de Ciudad Valles aseguró que las entregas se realizarían sin necesidad de registros ni documentos, y desde un domicilio particular ubicado frente a la clínica CIMO, en el centro de la ciudad.
Además, indicó que al cargamento estatal se sumarían otras 5 mil despensas “aportadas por él mismo”, surtidas con carne y huevo.
Actualmente, la zona Huasteca no cuenta con un coordinador regional de SEDESORE, tras la salida del delegado David Medina Avendaño.
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Abogados y actores políticos han advertido que las acciones de Romero Calzada podrían constituir actos anticipados de campaña, dado que aún no inician los procesos electorales locales.
Según el artículo 134 de la Constitución mexicana, el uso de recursos públicos con fines políticos o electorales está estrictamente prohibido, y las leyes electorales establecen sanciones que pueden incluir la suspensión de derechos políticos, multas e incluso procesos penales.
En redes sociales, ciudadanos han denunciado el presunto uso clientelar de los apoyos:
“No vas a ganar, aunque te adelantes” y “Los apoyos no son tuyos, son del pueblo”, fueron algunos de los mensajes que circularon ampliamente.
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De comprobarse el uso con fines electorales de programas sociales, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) estarían facultados para iniciar procedimientos sancionatorios.
Estos podrían derivar en la imposición de multas, medidas cautelares o la cancelación de registros electorales en caso de una futura candidatura.