A un mes de haber denunciado públicamente acoso laboral en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, Érika Tapia, ex trabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, fue despedida.
Lejos de recibir protección institucional, asegura haber sido víctima de represalias directas. Su denuncia apunta a una presunta red de impunidad que involucra al alcalde Enrique Galindo, a la directora de la Instancia de las Mujeres, Martha Orta, y a funcionarios protegidos por vínculos políticos.
“La política de cero tolerancia es una mentira. Únicamente es un discurso para tapar la corrupción y el abuso que se vive en esta administración”, afirmó Tapia en entrevista.
La ex trabajadora presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra Liliana Armentina Zavala López, funcionaria municipal, y su jefe directo, Jesús Becerra Rodríguez, por presunto acoso sistemático. Sin embargo, en lugar de abrir una investigación, el Ayuntamiento terminó su contrato argumentando “ineficiencia laboral”, lo cual —según Tapia— fue una justificación para encubrir la violencia que vivió.
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Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la relación familiar entre Liliana Zavala y el regidor perredista Jorge Alberto Zavala López, hermano de la funcionaria señalada. Testimonios recabados por la denunciante sugieren que el regidor habría ordenado directamente su despido, instrucción que fue ejecutada por Jesús Becerra y la propia Zavala.
“Se trata de una red de poder que calla a quien se atreve a hablar”, denunció Tapia.
El mismo día que publicó su video de denuncia, Martha Orta, titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, se comunicó con ella y prometió resolver el caso en una semana. A un mes, no ha habido ningún seguimiento.
𝗠𝗜𝗘𝗗𝗢 𝗬 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢́𝗥𝗜𝗖𝗢
La situación ha generado un ambiente de temor entre trabajadores de la Unidad de Gestión del Centro Histórico. De acuerdo con testimonios, nadie se atreve a hablar públicamente por miedo a represalias. Acusan que Liliana Zavala no firma documentos, pero emite órdenes verbales que son grabadas para usarlas como herramienta de intimidación.
“Si alguien se queja, esas grabaciones se usan en su contra”, señalan empleados que pidieron el anonimato.
𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗥𝗥𝗨𝗣𝗖𝗜𝗢́𝗡
Érika Tapia ha hecho públicos mensajes, documentos y testimonios que, según ella, revelan una red de corrupción al interior del Ayuntamiento:
Capturas de mensajes donde el regidor Jorge Zavala, a través de su asistente y pareja, pedía el 5% del sueldo a trabajadores afiliados al PRD como “agradecimiento” por sus cargos.
Documentación que demuestra que su hija fue obligada a firmar un contrato y una declaración patrimonial sin haber trabajado, mientras su salario era controlado por el regidor a través de una tarjeta bancaria.
Una carta dirigida al alcalde Enrique Galindo sobre condiciones insalubres en los baños fue bloqueada por Jesús Becerra, quien habría argumentado que la persona responsable estaba “protegida por el alcalde”.
Pese a la gravedad de las denuncias, ni la CEDH ni la Contraloría Municipal, a cargo de Gabriela Torres, han iniciado investigaciones o respondido a las pruebas presentadas.
𝗣𝗢𝗟𝗜́𝗧𝗜𝗖𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗘́𝗡𝗘𝗥𝗢: 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗩𝗦 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗
El Ayuntamiento presume tener una política de “cero tolerancia” contra la violencia laboral y de género, con programas como la Instancia de las Mujeres y el Sistema Municipal contra la Violencia. No obstante, para Tapia, estas acciones no pasan del discurso institucional.
“Estas iniciativas no sirven. Son pura propaganda. Mientras tanto, adentro del Ayuntamiento, las mujeres seguimos siendo acosadas, humilladas y despedidas por alzar la voz”, concluyó.
¿𝗬 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 𝗤𝗨𝗘́?
Érika Tapia exige una investigación seria y sanciones para los responsables. Señala que su caso no es aislado y que el patrón de silencio, intimidación y complicidad sigue vigente en la administración municipal.
“¿Qué más tiene que pasar para que el Ayuntamiento actúe?”, se pregunta. “¿Cuántas pruebas, denuncias y despidos más son necesarios para que alguien haga su trabajo?”.