La Dirección de Comercio municipal de San Luis Potosí, a cargo de Ángel de la Vega Pineda, se ha convertido en el centro de múltiples quejas de comerciantes locales. En las últimas semanas, la dependencia emprendió una ola de clausuras contra pizzerías, restaurantes, tiendas de autoservicio e incluso fábricas, bajo el argumento de que “no cuentan con documentos en regla”.
𝗔𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀
La medida ha causado desconcierto. Muchos de los negocios afectados llevan años operando en la capital y han sobrevivido a distintas administraciones municipales sin mayores problemas. “Si en realidad no cumplían con licencias o permisos, ¿por qué nunca se actuó antes?”, cuestionan dueños de locales consultados por este medio.
La respuesta inevitable apunta a las omisiones de administraciones pasadas, como la encabezada por Jorge García Medina, que toleraron durante años el funcionamiento de negocios supuestamente irregulares.
𝗘𝗹 ❞𝗯𝗹𝗶𝗻𝗱𝗮𝗷𝗲❞ 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗰𝗼
La polémica se intensifica al observar que, mientras en la periferia se multiplican las clausuras, el Centro Histórico permanece intacto. Restaurantes de andadores, boutiques, bares, farmacias, hoteles y cadenas comerciales siguen operando sin sanción visible.
¿Todos cuentan con licencias de funcionamiento, dictámenes de Protección Civil, permisos de venta de alcohol, sanitarios y anuncios vigentes? La Dirección de Comercio no ha transparentado la información. Un padrón actualizado y público de negocios regularizados podría despejar dudas, pero hasta ahora no existe.
𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗮𝗺𝗯𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀, 𝗹𝗼𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝗴𝗼𝗹𝗽𝗲𝗮𝗱𝗼𝘀
En contraste, los vendedores ambulantes de artesanías en plazas y banquetas sí enfrentan decomisos y persecución constante. La aplicación de la ley, denuncian, parece más estricta con quienes tienen menos poder económico o político para defenderse.
𝗙𝗶𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗹𝗮𝘀
Los contrastes son todavía más evidentes durante los fines de semana. Antros y restaurantes cierran a discreción; los llamados “giros negros” de la carretera 57 operan hasta el amanecer con venta libre de alcohol; y expendios previamente denunciados por vecinos siguen funcionando sin restricción.
La desigualdad en los operativos ha levantado sospechas entre empresarios y ciudadanos: ¿realmente se trata de una cruzada por el orden, como sostiene la administración de Enrique Galindo, o estamos frente a un operativo selectivo con tintes políticos o recaudatorios?
𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮
• ¿Cuáles son los criterios de inspección?
• ¿Existen actas, notificaciones y fundamentos jurídicos que respalden cada clausura?
• ¿Por qué ciertos sectores como gasolineras, gaseras, hoteles, centros de espectáculos y bares del centro no han sido objeto de operativos similares?
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻
Lo que se presenta como una política de orden y legalidad podría ser también un instrumento de presión política y económica. Hasta que el Ayuntamiento no transparente sus protocolos, actas y padrones de cumplimiento, la sospecha persistirá: la ley no se aplica pareja.