El nombre de Rodrigo Joaquín Lecourtois, auditor superior del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), se ha vuelto sinónimo de simulación. Desde que asumió el cargo, no existe un solo caso sólido, emblemático y concluido que respalde su discurso de combate a la corrupción.
La pregunta es obligada: ¿para qué llegó a la Auditoría?
𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗢𝗠𝗜𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗬 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗖𝗜𝗗𝗔𝗗
Antes de su arribo al IFSE, Lecourtois fue parte de la burocracia dorada, siempre vinculado a despachos contables y estructuras políticas que hoy explican su comportamiento dócil. Su designación respondió a acuerdos cupulares, no a un perfil técnico con independencia probada.
En teoría, la Auditoría debería garantizar autonomía en sus funciones. En la práctica, el auditor opera como instrumento político. Lejos de convertirse en un contrapeso, funge como un escudo para los intereses de quienes lo nombraron.
𝗖𝗔𝗦𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗘𝗟𝗔𝗗𝗢𝗦
El ejemplo más claro es el de Mónica Rangel Martínez, ex secretaria de Salud, señalada por millonarias irregularidades que nunca pudo justificar. ¿Qué ha hecho Lecourtois? Absolutamente nada.
En el fraude legislativo que involucra a exdiputados —hoy convertidos en cuadros del Partido Verde—, prometió resultados inmediatos. Pasaron los meses y la mano se le dobló. El silencio fue su respuesta.
Lo mismo con el escándalo del Red Metro: aseguró que perseguiría responsables, pero solo cayó un involucrado que ya recuperó la libertad. El resto de la red sigue intocable.
A esa lista se suma el “MochesGate” en Ciudad del Maíz, otro expediente que duerme el sueño de los justos bajo su mandato.
𝗨𝗡 𝗔𝗨𝗗𝗜𝗧𝗢𝗥 𝗦𝗜𝗡 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗠𝗢𝗥𝗔𝗟
Cada boletín firmado por Rodrigo Joaquín Lecourtois confirma que estamos frente a un funcionario sin autoridad moral ni credibilidad. Amenazas vacías, anuncios mediáticos y promesas incumplidas se han vuelto su sello.
La corrupción en San Luis Potosí goza de cabal salud, mientras el órgano encargado de fiscalizarla está sometido. Lecourtois actúa con severidad selectiva: solo cuando conviene políticamente. A los aliados del poder los protege; a los adversarios, los exhibe.
En conclusión, más que auditor, Rodrigo Joaquín Lecourtois se ha consolidado como un operador de la impunidad en San Luis Potosí.