Representantes del Observatorio Indígena Mesoamericano acusaron al gobierno federal y a operadores de la llamada Cuarta Transformación de emprender una campaña de hostigamiento contra comunidades y defensores del medio ambiente en la Huasteca potosina, derivada de su oposición a los planes de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para la explotación de hidrocarburos no convencionales.
De acuerdo con el pronunciamiento firmado por Juan Felipe Cisneros Sánchez, la Secretaría del Bienestar, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la radiodifusora XEANT “La Voz de las Huastecas” han desplegado una “guerra sucia” en contra de liderazgos indígenas críticos, por indicaciones de Guillermo Morales y Mario Alberto Godoy, quienes han utilizado recursos públicos para desacreditar y criminalizar a las voces que rechazan la fracturación hidráulica, también conocida como fracking.
Los inconformes denunciaron que los “servidores de la nación” recorren comunidades con el objetivo de coartar la libertad de reunión y expresión, con el respaldo de presidentes municipales afines, en un intento por sabotear la asamblea indígena convocada para el 13 de septiembre frente a las oficinas del INPI en Tancanhuitz.
El señalamiento se da en el contexto del Plan Estratégico de PEMEX 2025-2035, que plantea la extracción de gas y petróleo en yacimientos de lutitas ubicados en la cuenca Tampico-Misantla, que abarca territorios de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, donde las reservas sólo podrían explotarse con fracking, pese a la negativa expresada públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Observatorio advirtió que, aunque PEMEX evita usar el término “fracturación hidráulica” y lo sustituye con expresiones como “compresión hidráulica controlada” o “explotación de yacimientos en geología compleja”, en la práctica se trata de la misma técnica altamente cuestionada por sus impactos en el agua, la tierra y la salud de las comunidades.
Asimismo, acusaron retrasos y condicionamiento en la entrega de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, además de intentos de dividir a pueblos originarios y desincentivar la defensa de sus derechos.
“Lo mejor que podría hacer el Gobierno Federal es prohibir de una vez por todas el fracking y dar paso a la iniciativa que se encuentra pendiente en el Congreso desde el año pasado”, remarcó Cisneros Sánchez, al subrayar que las comunidades indígenas no aceptarán decisiones energéticas que se tomen sin consulta previa, libre e informada.